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Ante las previsiones de un empeoramiento del desempleo, con un probable retorno a los peores años de la crisis económica precedente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha marcado una prioridad dentro de su estrategia para fomentar la Formación Profesional: conseguir que, al menos, 3,3 millones de españoles con experiencia profesional pero sin titulación puedan acreditar sus años de trabajo. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Gobierno en una rueda de prensa en la que ha presentado la segunda fase del Plan Estratégico de Formación Profesional, que prevé una inversión de 1.497 millones de euros en cuatro años.

La FP, con su “capacidad de incorporar innovación con la agilidad que los sectores productivos necesitan”, se perfila “como uno de los motores en el crecimiento económico y social tras esta crisis”, defiende el texto del plan, cuya primera parte se inició en 2018. La iniciativa también contempla ampliar la oferta de Formación Profesional con 200.000 nuevas plazas en cuatro años y la creación de nuevas titulaciones vinculadas al mundo digital.

La inversión inicial del programa para 2020 es de 316 millones de euros, y la mayor partida (127 millones) se destinará a la llamada acreditación de competencias básicas y profesionales. Se trata de un proceso con el que aquellas personas que han adquirido sus destrezas laborales desarrollando una actividad profesional, pero que no cuentan con una titulación, puedan someterse a unas evaluaciones, que suelen incluir pruebas prácticas, para demostrar sus conocimientos y recibir a cambio un reconocimiento oficial de sus habilidades. Esta, además del valor que puede tener en el mercado laboral, les permitirá seguir estudiando para obtener un título de FP, ahorrándose la parte de los temarios que han acreditado que ya dominan. De los casi 23 millones de españoles que conforman la población activa, el 48,02% (11 millones) carecen de acreditación profesional o, lo que es lo mismo, no disponen de estudios que les acrediten para el ejercicio de una profesión.

En vídeo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este miércoles la presentación del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en Moncloa, Madrid. EUROPA PRESS

Con el modelo actual, son las comunidades autónomas las que convocan de forma puntual los procedimientos para la acreditación de competencias, un hecho que según el Gobierno “limita enormemente” el proceso. Por ello, la principal novedad es que esas convocatorias serán a partir de ahora permanentes, es decir, los aspirantes podrán solicitar en cualquier momento la evaluación. El objetivo es conseguir que el 40% de esos 11 millones de personas menores de 65 años (3,3 millones) puedan acreditarse en los próximos cuatro años. “La carencia de una cualificación impide o ralentiza que la población pueda seguir formándose”, señala el nuevo plan del Ministerio de Educación, que advierte de que eso “nos coloca en una situación de desventaja” respecto del resto de países de la UE. Desde que se lanzó el sistema de acreditación en 2009, más de 266.000 personas han conseguido sus certificados en las 231 convocatorias de las diferentes autonomías.

En los últimos años, en muchos sectores se han regulado los requisitos para poder ejercer numerosos trabajos y se ha hecho obligatorio, al menos, el certificado de profesionalidad. Magdalena Rubio, de 54 años, llevaba ejerciendo como cuidadora siete años y en 2015 tuvo que presentarse a la convocatoria en Málaga para obtener el certificado en Atención Sociosanitaria. “Era la única forma de conservar mi empleo”, cuenta. Para ello tuvo que acreditar 2.000 horas de trabajo y 300 de formación no reglada, además de demostrar ante un evaluador sus conocimientos prácticos.

“En muchos sectores, sin el certificado te quedas fuera, como les ha sucedido a las técnicas en educación infantil: o bien acreditas tus años de trabajo o bien te matriculas en un grado de Formación Profesional, y no todo el mundo dispone de tiempo para volver a los estudios”, explica Milagros Escalera, secretaria de Formación del sindicato CC OO.

Otro caso es el de José Luis Gómez, de 59 años, que en agosto verá finalizado su contrato como policía portuario en Sevilla. En septiembre se presentará a la convocatoria para obtener el certificado en Vigilancia y Seguridad, su única vía para conseguir un nuevo empleo. “Al principio me desanimé, ¿dónde voy con mi edad? Pero unos compañeros me animaron a mandar mi currículum a empresas de seguridad, una vez que cuente con la acreditación”, explica Gómez, que acumula cuatro años de experiencia en el puerto. Su caso es el de alguien con estudios universitarios, en económicas, que recurrirá a la acreditación para poder seguir ejerciendo de lo que le gusta. “Puede haber candidatos más jóvenes, pero yo tengo experiencia”, añade.

En el documento, se señala como preocupante la probable “expulsión del mercado laboral de miles de personas, siendo las de menor cualificación las más golpeadas”. Por ello, se considera necesaria “una intervención de choque con las personas expulsadas del mercado laboral en cuanto a su recualificación”.

Desde que se puso en marcha el sistema de las acreditaciones profesionales en 2009, uno de los grandes problemas ha sido que la FP dependía del Ministerio de Educación, mientras que los certificados del de Trabajo. Esa doble estructuración del sistema ha generado “tensiones” e “ineficiencia” en todos los países europeos que la plantearon, señala el plan del ministerio, y la mayoría de territorios ya lo han unificado. A partir de ahora, Educación gestionará ambos sistemas, y tanto la tramitación como las vías para continuar con la formación serán más ágiles.

Más Formación Profesional

Otro de los objetivos del Gobierno es que esas personas que consiguen el certificado puedan matricularse en estudios de FP y para ello otra de las líneas estratégicas será la flexibilización del sistema, de forma que algunas asignaturas puedan convalidarse. En el nuevo el plan, el Ejecutivo destaca las previsiones para 2025 de la agencia Cedefop (de la Unión Europea): el 49% de los puestos de trabajo requerirán cualificaciones medias (FP), el 37% altas (FP superior y estudios universitarios), y solo el 14% serán para personas con baja cualificación. España sigue a la cola en matriculaciones en FP; un 12% de los alumnos entre 15 y 19 años frente al 25% de media de los países de la OCDE. Ese dato resulta alarmante si se tiene en cuenta que la tasa de empleabilidad para esos graduados en España es del 74%.

Aunque la tendencia continúa al alza —en los últimos cinco años el número de alumnos matriculados en FP ha subido un 20% hasta alcanzar los 837.199 estudiantes—, el Gobierno prevé crear en los próximos cuatro años 200.000 nuevas plazas. Para ello, el Gobierno destinará 265 millones (de los 316 totales) a las comunidades autónomas para potenciar esos estudios en 2020, de forma que este curso se creen 60.200 plazas nuevas, se forme al profesorado en competencias digitales y se lancen nuevas aulas de emprendimiento e innovación para los alumnos.

También se crearán nuevas titulaciones para el curso 2020-2021 relacionadas con la digitalización como Vehículos Eléctricos o Inteligencia Artificial y Big Data (en la actualidad, existen 176 titulaciones). Además, se pondrá en marcha una oferta de formación en FP “a la carta” para las empresas, de forma que se diseñarán, en colaboración con las compañías, programas de formación para las plantillas.

Sánchez, que ha estado acompañado de los presidentes de empresas como Bankia o Telefónica, ha anunciado que la FP va a dar el salto al bilingüismo, de forma que algunos de los grados ofrecerán módulos (asignaturas) en inglés, con el objetivo de ofrecer una FP internacional con posibilidad de contar con centros extranjeros asociados y dar validez a los títulos en diferentes países. Más adelante, se ofertarán también cursos en francés, alemán o portugués.

Fuente: El País